La presidenta y vice de la comisión directiva de AMyF, Patricia Lupica Cristo y Sheila Lischinsky, participaron los pasados jueves 30 y viernes 31 de marzo de la 127° asamblea de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).
El encuentro se llevó a cabo el día jueves en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, mientras que el viernes continuó en la sede del Salón Federal de FAM en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, al día siguiente, la Junta de Gobierno recibió al Director Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas Gustavo Vera, quien expuso las funciones específicas del organismo que conduce, los avances en materia de persecución del delito y de restitución de derechos a las víctimas.
Además se definió crear la Comisión sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Justicia de FAM.
Finalmente se repasó la realidad de cada una de las Asociaciones y los Colegios de todo el país.
La declaración final de la asamblea indicó que “FAM tuvo que denunciar ante la Comisión de Independencia de la ONU la situación de la provincia del Chaco, donde el incumplimiento de los poderes judiciales del Fallo Alonso de Martina de la CSJ mantiene a la magistratura y la función judicial chaqueña por debajo de la media nacional de las remuneraciones”.
Se enfatizó que “la falta de coberturas de vacantes de magistrados y magistradas afecta directamente los tiempos de resolución de los conflictos en los que debe intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público (esto principalmente en Buenos Aires). Que los demás poderes del Estado dilaten las designaciones pendientes, sin otra razón que falta de acuerdos políticos, restringe el derecho humano a que las decisiones judiciales se realicen en plazo razonable”.
Se puntualizó que, con respecto a una situación en la provincia de Chaco, “las reformas judiciales necesarias para el mejoramiento del servicio de justicia requieren nuevos procedimientos y recursos acordes a los avances tecnológicos y al incremento de la población y la conflictividad. Esta necesidad de modernización y adecuación a nuevas realidades no pueden usarse como excusa para debilitar la Independencia del Poder Judicial a través del desconocimiento de la garantía de la inamovilidad y recortar el mandato de magistrados/as y someterlos a procesos de revalidación”.
Leé la declaración completa de FAM - Marzo 2023
