En el marco de un reciente concurso realizado en el Ministerio Público de la Defensa para designar al/a la Secretario/a Civil y Nuevos Derechos (Acuerdo TSJ 6.322, punto 17, inciso 1º), a solicitud de asociados y asociadas que han pedido nuestra intervención, luego de analizar los antecedentes previos, el perfil del cargo y el acta de examen del concurso, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén (en adelante AMyFJN) expresamos nuestra profunda preocupación ante la prescindencia de utilizar criterios de evaluación objetivos, grillas de antecedentes o parámetros previamente establecidos a fin de garantizar la transparencia y equidad en el proceso de selección.
Estimamos que resulta necesario dar a conocer las razones que llevaron a elegir a la persona que resultó ganadora del concurso, los parámetros que se tuvieron en cuenta y la valoración de sus aptitudes a la luz del perfil previamente establecido para ocupar dicha función. Sin embargo, del acta y único instrumento documental del concurso luce una evidente falta de fundamentos y razones que permitan sustentar la elección en la persona seleccionada.
Esta falta de fundamentos es impropia en todo acto originado desde un poder del Estado, ya que debilita la confianza en el sistema de justicia, en los actos de gobierno y podría dar lugar a percepciones de arbitrariedad, independientemente de la idoneidad del postulante seleccionado y los demás concursantes.
La discrecionalidad en el ingreso al Poder Judicial no es inocua, sino que impacta negativamente en su imagen pública, en la confianza de la ciudadanía sobre sus decisiones y su legitimidad. Todo método utilizado para la selección de un Magistrado y/o Funcionario tiene que garantizar que éste no sea nombrado por motivos indebidos, a fin de evitar que la carrera judicial se vea desdibujada y que no genere confusión que pueda repercutir sobre la independencia judicial y la calidad de la administración de justicia, tanto en la sociedad en general como hacia el interior del propio Poder Judicial.
Dicha situación no implica valoración alguna sobre la persona ganadora del concurso y de los demás concursantes, sino respecto de la modalidad adoptada para su elección, la que fue realizada sin dar a conocer los motivos que llevaron a esa decisión.
Por ello, en defensa de los derechos e intereses de nuestros asociados, consideramos fundamental promover procesos de selección de Magistrados, Funcionarios y Agentes Judiciales claros, sustentados en criterios evaluativos que sean públicos, objetivos y verificables, de manera que permitan garantizar la igualdad de oportunidades para todos los participantes.
Solicitamos que, en el futuro, se adopten medidas que prioricen la transparencia de los procedimientos y que el conocimiento y mérito de los participantes sea evaluado de la manera más objetiva posible, consolidando así la legitimidad de las decisiones tomadas en concursos de esta índole.
Como es habitual e histórico en las distintas Comisiones Directivas de la AMyFJN, seguiremos trabajando en la defensa de los principios de justicia, equidad y respeto por las reglas de procedimiento que fortalezcan nuestras instituciones.
Durante este año, entregamos más de 71 millones de pesos en JUS a nuestros asociados, organizamos charlas, conferencias y nuestras tradicionales #JornadasAMyF. Además, renovamos nuestra comisión directiva y muchos más.
