FAM rechazó la reforma al sistema jubilatorio de los poderes judiciales provinciales

Fue en el marco de la primer asamblea del año realizado en la ciudad de Corrientes. La presidenta de AMyF, Sandra González Taboada, participó del encuentro.

Noticias Por: AMYF 21 de febrero de 2020
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La presidenta de AMyF, Sandra González Taboada, participó de la 115° asamblea de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). La misma se desarrolló en la ciudad de Corrientes, en el litoral argentino.

A lo largo de dos jornadas los presidentes de las asociaciones y los coelgios de todas las provincias dieron tratamiento y debate en relación a la defensa de la independencia y la función judicial, además del plan anual de trabajo, entre otros puntos.

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En esta asamblea, los magistrados avanzaron en materia de organización de las Jornadas Científicas de la Magistratura 2021, el Congreso Nacional de Secretarios y las Jornadas de Sistema Acusatorio.

Uno de los puntos principales que se debatió en el encuentro es el impacto que tendría entre los judiciales el proyecto de reforma del  régimen previsional.

Al respecto, la titular de AMyF planteó la situación de Neuquén que "si bien nuestra provincia tiene su caja independiente" por lo que no se vería afectado por el proyecto legislativo, desde la Asociación "entedemos que la situación -de los jubilados y de aquellos que pronto estén por entrar en ese régimen- se puede tornar muy acuciente en aquellas provincias que si vean afectadas, por lo que vamos a acompañar y adherir a este reclamo en solidaridad de nuestros pares".

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González Taboada agregó, además, de que la Asociación se encuentra en estado de alerta permanente ante cualquier irregularidad y/o cambio que se pueda dar en la situación actual que se vive en Neuquén.

Al final de la primera jornada de trabajo, FAM emitió un comunicado en el que manifiesta "nuestro rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales".

También la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) expresó en un comunicado su "honda preocupación"  ante el proyecto de ley recientemente remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Y exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de la República Argentina a que permitan un dialogo abierto mediante la participación de las instituciones representativas en la discusión del proyecto con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y de todos los organismos de poder involucrados. 

-> Aquí el comunicado completo de FAM

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial hacemos público nuestro rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales, y que ha sido elaborado sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen. 

El proyecto en discusión agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país, cuyos sueldos y jubilaciones no son de privilegio y no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia”.   

Esta iniciativa presenta además una mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales. Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres de nuestro país. 

Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por  esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos. Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. 

Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os.

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