La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), entidad que nuclea a 16.700 magistradas/os y funcionarias/os de los sistemas judiciales de las 23 provincias y de CABA, debe expresar, una vez más, públicamente su rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que –vale remarcarlo- ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos años.
El régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus integrantes –durante 30 años, en un porcentaje ampliamente mayor al de los demás aportantes, calculándose su haber con el promedio de los últimos 10 años de aporte- por lo que su incidencia en las cuentas públicas es insignificante.
Por eso este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los porcentajes aportados. No hay que perder de vista que el número de aportantes al sistema es muy superior a la cantidad de jubiladas/os y pensionadas/os, lo que lo hace notoriamente sustentable.
El régimen es especial como consecuencia de las incompatibilidades de magistradas/os y funcionarias/os con cualquier otra actividad económica.
Las consideraciones que se realizan implican un desconocimiento de las realidades de los sistemas judiciales de las justicias provinciales y de CABA. Se habla de salarios y jubilaciones con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de los conflictos judicializados del país. Se ataca al sistema judicial en un debate que sólo pretende distraer la discusión de los verdaderos ejes del problema y de las medidas conducentes a solucionarlo.
La FAM exhorta a los poderes del Estado y a todos los sectores políticos a no debilitar, con iniciativas como esta, criterios básicos de todo estado constitucional de derecho, como el de la independencia judicial, y que son el resguardo de los derechos de la ciudadanía toda.
La independencia judicial es una garantía instituida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio de los operadores judiciales.
