La presidenta de AMyF, Sandra González Taboada, participó el jueves 30 de junio y viernes 1 de julio pasados en la 124° Asamblea Ordinaria de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). El encuentro tuvo lugar en el Salón de la Puntanidad, en la ciudad de San Luis.
La asamblea abordó distintos temas relacionados a la labor judicial, además de realizar un repaso de la realidad que se vive en cada una de las 23 provincias y CABA.
El acto de apertura contó con la participación del Procurador General de la provincia en su carácter de Presidente del Consejo Académico de la Escuela Judicial, Luis Martínez, y funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto provincial.
Previo al inicio de la Asamblea, la FAM y la Escuela de Especialización para Magistrados y Funcionarios y Capacitación para el personal del Poder Judicial “Juan Crisóstomo Lafinur” (EsEyC), firmaron un convenio de cooperación institucional.
Declaraciones
Del encuentro, FAM emitió una declaración en la que "expresa su preocupación en relación a la situación por la que están atravesando magistrados/as y fiscales/as de distintas provincias de nuestro país. La persecución y juzgamiento de organizaciones delictivas - en especial de las vinculadas con la narcocriminalidad - es llevada adelante con convicción y firmeza por operadores/as judiciales de distintos territorios de nuestro país, quienes sufren inaceptables agresiones y amenazas - que se extienden a sus familias - derivadas de la función de tutela que les ha sido delegada".
Agrega el escrito que "como ya lo hemos expresado reiteradamente en anteriores oportunidades es una responsabilidad ineludible y urgente de los tres Poderes de la república, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizar las condiciones de seguridad e independencia de quienes asumen esos compromisos tendientes a sostener la paz social y la plena vigencia del estado constitucional de derecho. La FAM exhorta a los Poderes Ejecutivos y Legislativos provinciales y al Poder Ejecutivo Nacional a no dilatar más la puesta en marcha de todas las acciones necesarias para poner fin a esta gravísima situación".
Por otra parte, FAM expresó su solidaridad con los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. "La descalificación no forma parte del debate democrático y reviste especial gravedad cuando procede de autoridades constitucionales, especialmente del Presidente de la Nación. El estado constitucional de derecho prevé vías que están disponibles para revisar todas las decisiones de los tribunales de cualquier jurisdicción de nuestro país y a ellas deben recurrir quienes tengan razones y legitimación para hacerlo. Atacar la imagen pública de las instituciones debilita los mecanismos que nos separan de la violencia y la anomia".
Declaración de la 124° Asamblea FAM
La JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL (F.A.M.), en Asamblea Extraordinaria, realizada en la ciudad de San Luis de la Punta, los días 30 de junio y 01 de julio de 2022; luego de un extenso y profundo debate sobre los temas objeto de convocatoria y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
DECLARA:
1. El acceso a justicia tiene que ser un derecho efectivamente garantizado para toda la población de nuestro país, de manera equitativa y sin exclusiones.
La persistente asimetría de recursos estructurales y niveles salariales entre los poderes judiciales argentinos atenta contra el principio de afianzar la justicia, expresado en el Preámbulo de la Constitución Nacional e impone inaceptables diferencias entre ciudadanas/os de nuestro país, derivadas del lugar en el que residen.
2. Exhortar al Ministerio de Economía de la provincia del Chaco a que respete el funcionamiento de la Asociación de Magistrados y FuncionariosJudiciales de esa provincia que tiene, entre otros, el propósito de defender la independencia judicial.
Es necesario para esto que permita hacer efectivo el descuento de las cuotassociales- resuelto por esa institución en asamblea hace más de un año - atento al grave daño que ocasiona no poder percibir el aporte acordado por las/os asociadas/os por la reticencia infundada y arbitraria de esa dependencia. La actitud asumida constituye una clara violación a lo establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional.
3. En las provincias de Buenos Aires y Santa Fe el porcentaje de vacantes de magistradas/os impide el normal desarrollo del servicio de justicia y con ello afecta derechos fundamentales de las y los ciudadanas/os – que son propios del Estado Constitucional de Derecho - como el acceso a justicia, la tutela judicial efectiva y el juzgamiento en plazo razonable.
La FAM expresa su preocupación y hace un llamado a los poderes públicos y los órganos correspondientes a regularizar el proceso de selección y designación de magistradas/os. Es imprescindible terminar de manera inmediata con las demoras injustificadas en el llamado a cubrirlas; la inactividad de los proceso de selección; y la falta de designación en los casos en que los procesos constitucionales de selección se encuentran concluidos.
4. La FAM hace suyos los planteos de las provincias de Jujuy, La Rioja, Rio Negro, Salta, San Juan, Tucumán y la CABA y expresa su profundo malestar ante la situación existente en los sistemas de jubilación de magistradas/os y funcionarias/os.
La falta de criterios adecuados de gestión, las demoras en los trámites de reconocimiento y otorgamiento del beneficio previsional, la burocratización de procedimientos y la inexistencia de directivas claras bloquean el acceso al derecho humano a la seguridad social de argentinas y argentinos que han cesado en sus cargos por renuncia o que quieren acogerse a la jubilación.
Se ratifica el funcionamiento del grupo de trabajo de provincias transferidas, a fin de buscar soluciones integrales a la problemática denunciada y se solicita al Ejecutivo Nacional que se establezcan canales de diálogo que permitan la concreción de esos derechos establecidos constitucional y legalmente.
5. Se reitera al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes la necesidad de que arbitre todos los mecanismos legales y constitucionales para hacer efectiva las garantías - de rango Constitucional - de la intangibilidad de las remuneraciones y la independencia judicial.
En ese sentido se solicita que se incluya los poderes Ejecutivo y Legislativo para que a través del diálogo institucional se dé pronta resolución a la afligente situación salarial y se realicen las acciones que sean necesarias para lograr la recomposición de los haberes y el poder adquisitivo de las/os operadoras/es judiciales.
