Crisis sanitaria, económica y social y necesidad de fortalecimiento institucional

La actual crisis originada por pandemia de COVID-19 en el mundo y sus consecuencias en nuestro país, tornan necesario mirar con detenimiento el rol que, en esta coyuntura histórica, toca asumir a los Poderes Judiciales en la sociedad.  A los sistemas judiciales corresponde gestionar la conflictividad generada por la actual situación sanitaria, económica y social, para asegurar la paz social, la seguridad jurídica y el bienestar general.

A las dificultades existentes para prestar el servicio de justicia en el contexto de esta grave crisis con medidas de aislamiento y distanciamiento social se suman serias afectaciones a la independencia judicial. La generalización de estos ataques lleva a remarcar la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado de Derecho resguardando la independencia judicial de hostigamientos externos e internos.

En el corto período de tiempo que lleva la crisis sanitaria en la República Argentina se han presentado: ataques y amenazas a magistrados y magistradas por el ejercicio de su función (Misiones); proyecto de reforma integral de la justicia y derogación de la ley que regulaba el sistema de selección de magistrados por el Consejo de la Magistratura (Catamarca); atrasos prolongados en el cobro de haberes con afectación al ejercicio de las funciones; tentativas por parte del Poder Ejecutivo provincial de reducir el presupuesto del Poder Judicial y los sueldos de la magistratura y funcionariado judicial (Chubut); descalificaciones y denuncias a magistrados por decisiones dictadas en el ejercicio de su función (Chubut, Tucumán); descalificaciones por parte del P.E.N. hacia la actuación de un magistrado provincial en una causa concursal (Santa Fe); inconsistencias en los modos de selección y designación de una integrante de una Corte provincial (Mendoza); reformas legislativas en materia previsional y remuneratorias que atentan contra las garantías básicas que prevé la Constitución nacional (provincias regidas por la ley 24.018, Córdoba y Entre Ríos); crisis y malestares por los modos de desenvolvimiento y adaptación a las medidas de bioseguridad de la actividad de los poderes judiciales; acciones sucedidas en distintas provincias tendientes a ejercer presión sobre magistrados en las resoluciones sobre excarcelaciones y prisiones domiciliarias durante el período de pandemia provenientes de sectores políticos
difundidas por medios de comunicación, que motorizan pedidos de informes y declaraciones públicas.

Por ello, FAM considera imprescindible manifestar que para poder enfrentar en forma adecuada la crisis que está afectando al país y atender los conflictos que aquejan a las ciudadanas y ciudadanos argentinos, es necesario: 

. Afianzar en su vigencia concreta el principio de división de podes del Estado y el respeto a la independencia judicial como reglas prioritarias sin las cuales las demás garantías y derechos constitucionales se ponen en riesgo.
. Repudiar los intentos de agresiones a la integridad física de magistrados y funcionarios asegurando condiciones de seguridad sólidas en todas las jurisdicciones del país.
. Garantizar la provisión de recursos básicos para los fueros judiciales que tendrán aumento de litigiosidad en lo inmediato como lo son el laboral, concursal, de familia y penal.
. Profundizar los avances en la incorporación de tecnologías digitales al funcionamiento judicial en todas las áreas.
. Reafirmar el rol de la abogacía en el funcionamiento de los sistemas coadyuvando a superar las múltiples dificultades que enfrenta en el presente el ejercicio profesional para la defensa de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.
. Fortalecer los mecanismos de selección y designación de magistrados en todas las instancias del país, garantizando criterios basados en concursos y en méritos, sin injerencia de influencias políticas.
. Sostener la continuidad de las políticas sobre perspectiva de género, igualdad y lucha contra todas formas de violencia y discriminación hacia las mujeres en las justicias provinciales y de CABA focalizando la agudización de casos en el contexto de la pandemia.
. Rechazar todo intento de reforma a las condiciones de jubilación y remuneración de los integrantes de los Poderes Judiciales provinciales y de CABA que vulneren la Constitución nacional y Constituciones provinciales, promoviendo que todo intento de modificación legislativa otorgue la participación a las Asociaciones y Colegios
interesados, evitándose avances hacia la independencia judicial.

Los Presidentes y Presidentas de Asociaciones y Colegios de Magistrados y Funcionarios de las provincias argentinas y CABA, estamos convencidos que debemos esforzarnos en unidad para el fortalecimiento de estos objetivos y renovamos nuestro compromiso en trabajar día a día por Poderes Judiciales independientes que garanticen los Derechos Humanos de todos los habitantes del país.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2020