Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén vemos con preocupación cómo se ha resuelto el Concurso Nro. 182, destinado a cubrir un cargo de Juez/a con destino al "Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura", por parte del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén.
En dicho concurso luego de presentarse 13 postulantes a la evaluación de antecedentes, de transitar 4 de ellos los correspondientes exámenes técnicos, y apareciendo allí una postulante destacada entre ellos, la Dra. Carolina Amarilla, quien demostró solvencia técnica y aptitud para el cargo en disputa (obtuvo 32 puntos sobre 40 posibles), quedando primera en el orden de mérito provisorio, llegada la fase final del concurso -Entrevistas Personales-, el Consejo de la Magistratura decidió mediante Acordada Nro. 72/2021 declarar "Fracasado" el mismo.
Si bien es cierto que el Consejo de la Magistratura tiene la potestad de hacerlo, ello debe ser mediante una decisión "debidamente fundada" (art. 43 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición), lo cual en el caso, entendemos, no ha ocurrido.
El Consejo de la Magistratura ha invocado en términos genéricos la realización de una evaluación de "habilidades y condiciones particulares de cada concursante" para inmediatamente luego concluir que "ninguna de las postulantes que llegó a la instancia final del concurso se adecúa al perfil que se busca para desempeñarse en el cargo en cuestión". Esta invocación abstracta, despojada de fundamentos, torna esta decisión, a nuestro criterio, en arbitraria por ausencia de motivación.
Además, este precedente coloca en un estado de imprevisión a otros/as concursantes, quienes no pueden saber, hasta terminado el concurso, si el mismo en algún momento será declarado "Fracasado" sin invocación de motivos atendibles, y aún cuando se hayan desempeñado exitosamente en la evaluación técnica. Y asimismo desalienta directamente a otros/as profesionales a presentarse a futuros concursos.
Las personas que concursan, pero también la ciudadanía, merecen explicaciones sobre los actos de gobierno.